Gobierno exige al ELN levantar paro armado en Chocó.
A pesar del anuncio del cese de operaciones militares por parte del grupo armado el pasado lunes, continúan los hostigamientos y las muertes, según ha denunciado la oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Recientemente, se intentó llevar ayuda humanitaria a las comunidades afectadas en Chambacú y Noanamá mediante una caravana de 20 lanchas coordinada por las personerías de la región. Sin embargo, la caravana se vio obligada a detenerse y regresar debido a disparos provenientes de un enfrentamiento armado. La entrega de ayuda humanitaria planificada no pudo ser completada.
La grave situación en la región de los ríos Sipí y San Juan ha sido detallada por el organismo mencionado, que reporta la detención y requisamiento de una lancha de la Alcaldía de Istmina que transportaba a los personeros de Istmina y Sipí, así como ayudas para las comunidades. Además, se resalta que negar el acceso a la ayuda humanitaria a los civiles afectados por los enfrentamientos constituye una violación del Derecho Internacional y agrava las condiciones de exclusión y discriminación en la región.
De acuerdo con los informes de las autoridades, se estima que alrededor de 9.000 personas pertenecientes a 52 comunidades de los municipios de Sipí, Nóvita, Istmina y Medio San Juan han sido afectadas por este paro armado.
Ante esta situación, la Procuraduría ha designado un grupo especial que se desplazará a Chocó para verificar las acciones emprendidas por las autoridades nacionales y regionales en respuesta al desplazamiento y confinamiento en los municipios de Sipí, Istmina y Nóvita como consecuencia del paro armado del ELN. La comisión se reunirá con representantes de las comunidades afectadas, personeros y la Defensoría del Pueblo para recabar información detallada sobre las violaciones a los Derechos Humanos que estas poblaciones han sufrido, así como sus necesidades más urgentes de atención y las posibilidades de llegar a los territorios.
Una vez analizada la información recopilada, la Procuraduría emitirá llamados y alertas inmediatos para lograr una atención urgente y efectiva por parte de las autoridades responsables, de acuerdo con las competencias de cada una de las dependencias que forman parte de esta comisión, según ha indicado el Ministerio Público.
