Municipio tolimense no pagará a CEMEX por suspender actividades mineras
En el año 2012 el municipio de San Luis, en el departamento del Tolima, interrumpió un contrato minero con la empresa cementera CEMEX pues, según ellos, estaba afectado el medio ambiente y las viviendas aledañas a la región.
Por este motivo, CEMEX los demandó con el dinero que dejó de recibir en ese tiempo que adelantaba la empresa, específicamente en el corregimiento Payandé, que pertenece a este ente territorial.
Sin embargo, y gracias a las imágenes presentadas por los habitantes del municipio, se evidenció cómo las casas se rompían por dentro y el caudal de la quebrada Chicalá disminuía en niveles preocupantes.
Pero, sobre todo, CEMEX argumentó que el impacto ambiental sobre las aguas era producto de las actividades adelantadas antes del inicio de las operaciones a su cargo, y que estas gritas en las casas de las personas no eran su responsabilidad.
Dicho pleito se alargó hasta el año 2014, cuando el Tribunal Administrativo del Tolima falló a favor del municipio. En su momento, CEMEX presentó un recurso de apelación, pero en última instancia, el Consejo de Estado falló nuevamente a favor del municipio de San Luis.
“Al advertir que las actividades extractivas en esa zona estaban generando disminuciones en el caudal de las aguas de la quebrada Chicalá y daños en las viviendas de las personas que habitaban en las zonas circunvecinas… Ante la constatación de los hechos, sostuvo, era viable que el municipio aplicara el principio de precaución, que se explicaba por las razones científicas que demostraban la existencia de un riesgo que debía ser mitigado, aunque no existiera certeza absoluta sobre su causa y materialización”, indicó el fallo.
