La irregular y millonaria fumigación de la alcaldesa de Campoalegre
Más de $27 millones se pagaron en la alcaldía de Campoalegre por equipos de fumigación que nunca recibieron, luego de un irregular contrato suscrito por Elizabeth Motta Álvarez.
Tras la alerta y denuncia interpuesta por el concejal Ardubay Fierro Rivera ante la Contraloría General de la República y esta diera traslado a la Contraloría Departamental del Huila, el ente de control se vio obligado a realizar una auditoría exprés al contrato de prestación de servicios No. 004-2020 con objeto contractual MANEJO INTEGRADO DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN AMBIENTAL, PARA EJECUTAR ACCIONES QUE NOS LLEVE A CONTRARESTAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA, por valor de $48.450.000. Este cuestionado contrato fue legalizado y ejecutado bajo la figura de Urgencia Manifiesta y/o Calamidad Pública como consecuencia del COVID-19, encontrándose y sin desvirtuar, varias irregularidades de índole Administrativo, Disciplinario y Fiscal de este contrato suscrito entre Jhonatan Eduardo Mosquera Villa y Elizabeth Motta Álvarez como alcaldesa de Campoalegre.
Según los informes de supervisión firmados por Rubén Darío García Muñoz, el contratista desinfectó por aspersión, la Alcaldía Municipal, la Estación de Policía, el Parque Central Los Fundadores, el Parque del Arroz, la Plaza de Mercado, el Pabellón de Carnes, El Hospital El Rosario y algunas calles del pueblo, cancelándose en dos pagos iguales de $24.225.000, la suma de $48.450.000.
El 24 de abril de 2020, la cuestionada alcaldesa Motta Álvarez, suscribió dicho contrato con un plazo de ejecución de 20 días, luego que un mes atrás, firmara el decreto 024 de 2020 declarando la Calamidad Pública y Urgencia Manifiesta en el municipio. Una vez analizados los documentos, se evidenció que los certificados de antecedentes judiciales y disciplinarios del contratista, fueron expedidos con fecha posterior a la fecha de celebración del señalado contrato; percibiéndose un incumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos por la ley en la celebración de contratos estatales, pero eso no es lo grave.
En la cláusula primera del contrato (objeto), se puntualiza el MANEJO INTEGRAL DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓNAMBIENTAL (…) con cantidades específicas y valores específicos expuestos en la propuesta económica presentada por el contratista y el contrato.
Allí claramente quedó expresado que el contratista cobró al Municipio los equipos utilizados para la prestación de sus servicios. Equipos cuyo valor ascienden a $27’500.000 sin ser entregados a la administración, con el beneplácito de esta y que evidentemente configuran un hallazgo fiscal.
Aunque la alcaldesa Motta Álvarez trató de desvirtuar los hallazgos encantarados por la Contraloría, el ente de control fue claro al precisar que se evidenció debilidad en la etapa de planeación y ejecución del contrato, observando además la necesidad de validar cada ítem con los precios del mercado, así como omisión en la aplicación efectiva de los principios de contratación estatal por parte de la alcaldesa Elizabeth Motta y su equipo de gobierno, falencias en los controles llevados por la Oficina de Control Interno de la Alcaldía y falta de supervisión, lo que conllevó a un detrimento patrimonial para los campoalegrunos por valor de $27’500.000 que se esfumaron de las arcas del Municipio, al cancelar algo que no recibieron físicamente pero que se aceptó a satisfacción en la liquidación del contrato.
