Defensoría del Pueblo aseguró que disidencias FARC están amenazando a habitantes en el Huila

La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 025 de 2022 en la que advierte que las disidencias de las FARC están dejando en grave riesgo a más de 70.000 habitantes en los municipios de Nátaga, La Plata y Paicol, donde hacen presencia armada.

En el documento se advierte que la columna móvil Dagoberto Ramos, estructura perteneciente al Comando Coordinador de Occidente de las disidencias de las FARC, están asentadas en zonas rurales y urbanas de los dos municipios opitas, los cuales anteriormente están en el poder del Frente 6 de las FARC-EP.

Por otra parte, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo identificó al Comando Coordinador Occidente como una macroestructura que reúne a las facciones disidentes bajo el mando de alias “Gentil Duarte”, y que delinquen en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como en el departamento del Huila y Tolima.

Dicha amenaza está distribuida de la siguiente manera:

Nátaga: Casco urbano y en las veredas de Yarumal, Patio Bonito, La Mesa, La Esmeralda, Teniente, Las Mercedes, Alto Carmelo, El Socorro y la Cascajosa y en el resguardo indígena de llano buco.

La Plata: Zona urbana, corregimientos de Santa Leticia (zona de litigio) Belén (Centro Poblado) y en las veredas de Villalosada, San Vicente, El Salado, La Unión, La Aurora, La Palma, Nueva Irlanda, Gallego Villa Mercedes, Potreritos, El Carmen, Pescador, Colombia, Birmania, Laderas, Cansarrosines, Kioskitos, Getzen, Monserrate, Santa Martha, La Esmeralda, La Independencia.

También afectan a los resguardos indígenas de Juan Tama, Potrerito, Fiw Páez y la Gaitana.

Paicol: En las veredas de Las Mercedes, Matanzas.

“Este territorio resulta estratégico y permite una conexión rápida entre las regiones Andina y Pacífica, está en límites con el Cauca y cuenta con una ruta desde el norte hasta el sur del Huila para el comercio de bienes y mercaderías en general, que los delincuentes buscan manejar para sus actividades criminales”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Esta alerta temprana también advierte que las disidencias de las FARC buscan asegurar el tránsito de los estupefacientes, utilizando vehículos privados y de transporte público, retenes en la vía, evasión de los controles viales, camuflaje de narcóticos en maletas, entre otras modalidades.

De igual forma, la Defensoría también detectó que las conductas violatorias de los Derechos Humanos son reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes; cobro de extorsiones a los transportadores, comerciantes y campesinos, y utilización de la población civil para el transporte y distribución de marihuana.

“Aunque la explotación económica de la marihuana constituye un interés predominante de la columna móvil ‘Dagoberto Ramos’, resulta claro que el dominio de la red vial también posibilita el control sobre la distribución de otros enseres y productos de carácter legal, como alimentos, semillas y productos agrícolas, entre otros. Allí se registra también el cobro de extorsiones a los agricultores y comerciantes”, dijo Camargo Assis.

A su vez, están en riesgo los líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, comunidades indígenas, víctimas de conflicto armado y exguerrilleros que firmaron el Acuerdo de Paz y que se encuentran en proceso de reincorporación.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, en los municipios que están siendo afectados por la presencia armada de las disidencias, se han incautado en los recientes días cerca de 500 kilogramos de marihuana.

“Lo que está ocurriendo en Nátaga y La Plata amerita el accionar preventivo coordinado y urgente para salvaguardar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población civil; por lo tanto, urge mejorar la seguridad en la amplia red vial presente en ambos municipios”, afirmó.

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