Proyecto de ley busca mitigar el hacinamiento carcelario y la reinserción social

Un nuevo proyecto de ley que busca crear fábricas penitenciarias y penitenciarías agropecuarias para condenados por delitos de menor peligrosida,  fue radicado en la Cámara de representantes por el congresista Julio César Triana.

La iniciativa proyecta ser llevada a cabo mediante la implementación de alianzas público privadas, proporcionando condiciones favorables para la futura reinserción social del interno en las mejores condiciones posibles y con la reparación integral de las víctimas.

Son seis, las líneas de acción que el proyecto contempla; como primera medida establece el crear las fábricas penitenciarias y penitenciarías agropecuarias como establecimientos de reclusión, con el fin de fomentar la resocialización, contener el hacinamiento carcelario y reducir el costo de sostenimiento por recluso.

En segundo lugar se propone, autorizar al Gobierno Nacional a realizar Alianzas Público-Privadas (APP) para la creación, organización y administración de los servicios relacionados con las Fábricas Penitenciarias y las Penitenciarías Agropecuarias.

Así mismo el plan manifiesta, autorizar al Gobierno Nacional a incentivar a las personas jurídicas o naturales de derecho privado a participar en las actividades comerciales de las Fábricas Penitenciarias y las Penitenciarías Agropecuarias mediante exenciones y beneficios tributarios en el impuesto a la renta y el IVA.

Se puntualiza además, que se debe permitir que el apoyo de sostenimiento o reconocimiento del recluso por su trabajo se distribuya en este orden prioritario: El resarcimiento a la víctima, cuando esta no haya sido reparada en su totalidad, ahorro programado para cuando cumpla la pena, libre destinación.

La realidad de las cárceles

Según el INPEC, en Colombia, hay un hacinamiento del 48% y tan solo hay 133 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) que generan lugar para apenas 80.227, dejando a 38.542 internos en situación vulnerabilidad, es decir, que la infraestructura penitenciaria y carcelaria es insuficiente. Como si fuera poco, al alto índice de hacinamiento se le suma la alarmante cifra de reincidentes en la población condenada: más del 18% de los internos, es decir 21.151 condenados, regresan a la ejecución de conductas criminales.

De igual manera, cabe resaltar que tan solo el 52,8% de la población a cargo del INPEC, se encuentra realizando actividades productivas intramurales, dejando a gran parte de los internos como una fuerza laboral paralizada. Estos internos, además de no generar ningún tipo de ingresos, dan lugar a grandes gastos a cargo del Estado; para el 2017, se destinaron más de $11’ooo.ooo por preso al año.

Laudy Ordoñez Torres

Comunicadora social y periodista.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *