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Delitos electorales más comunes en Colombia

La Fiscalía General firmó un convenio con el Consejo nacional Electoral (CNE) para garantizar el normal desarrollo de las elecciones que se celebrarán el próximo 27 de octubre.

Los organismos buscan fortalecer las medidas de protección y prevención ante los delitos electorales. Igualmente mejorar el intercambio de información con el fin de adelantar las respectivas investigaciones contra los que intenten afectar los comicios.

Por su parte la Fiscalía General, alertó, que muchos delitos electorales son comunes por la falta de información con la que cuentan los ciudadanos o por las falencias en los sistemas de control para tomar acciones de fondo.

Por ello es indispensable que todos los colombianos conozcan aquellas conductas que atentan contra el proceso electoral y las consecuencias que pueden tener; si conocen de ellas deben denunciarlas ante la Fiscalía y la Procuraduría General, en el caso que involucre a servidores públicos.

Retomando el texto de la autoridad electoral, este hace referencia y explica las conductas penales más comunes:

Perturbación del certamen democrático

El ciudadano que por medio de maniobra engañosa perturbe o impida votación pública o el escrutinio incurrirá en prisión de 4 a 9 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena será de prisión de 6 a 12 años cuando la conducta se realice por medio de violencia.

Constreñimiento al sugrafante

El que amenace o presione por cualquier medio a un sufragante para obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos, voto en blanco o por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio incurrirá en prisión de 4 a 9 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de la mitad al doble cuando la conducta sea realizada por un servidor público.

Fraude al sufragante

El que mediante maniobra engañosa obtenga que un sufragante vote por determinado candidato, partido o corriente política o lo haga en blanco incurrirá en prisión de 4 a 8 años y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smlmv). La pena aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público y aumentará de la mitad al doble cuando la conducta esté mediada por amenazas de pérdidas de servidor público, estatales o beneficios otorgados con ocasión de la ejecución de programas sociales o culturales o cualquier otro orden, de naturaleza estatal o gubernamental.

Voto fraudulento

El que suplante a un sufragante o vote más de una vez, o sin derecho consigne un voto en una elección, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 50 a 200 salarios.

Favorecimiento al voto fraudulento

El servidor público que permita suplantar a un sufragante o votar más de una vez o hacerlo sin derecho incurrirá en prisión de 4 a 9 años, multa de 50 a 200 Smlmv e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el doble de la pena de prisión impuesta.

Mora en la entrega de documentos relacionados con una elección

El servidor público que no haga entrega oportuna a la autoridad competente de documentos electorales, sellos de urna o de arca triclave incurrirá en prisión de 4 a 9 años, multa de 50 a 200 Smlmv e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta.

Alteración de resultados electorales

El que altere por medios distintos de los señalados el resultado de una votación o introduzca documentos o tarjetones indebidamente incurrirá en prisión de 4 a 8 años, salvo que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas

El gerente de la campaña electoral que permita en ella la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas electorales incurrirá en prisión de 4 a 8 años, multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo. En la misma pena incurrirá el respectivo candidato cuando se trate de cargos uninominales y listas de voto preferente.

Laudy Ordoñez Torres

Comunicadora social y periodista.

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