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Afiliación obligatoria de trabajadores estatales a ARL Positiva es inconstitucional

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, ha expresado su preocupación acerca de la disposición contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 (Ley 2294 art. 97 ), que impone la afiliación forzosa de los empleados de entidades y corporaciones estatales a la administradora de riesgos laborales de carácter público, Positiva Compañía de Seguros SA, argumentando que esta medida no se ajusta a la Constitución.

En un comunicado dirigido a la Corte Constitucional, el jefe del Ministerio Público sostiene que la normativa cuestionada viola el principio de unidad de materia, ya que carece de relación con los objetivos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026. Además, hace hincapié en que esta disposición contradice la jurisprudencia que establece que, por lo general, no se pueden modificar las leyes ordinarias de seguridad social a través de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. En esencia, se altera la disposición que concede a los obstáculos públicos la libertad de elección de las entidades encargadas de gestionar los riesgos laborales de sus empleados.

La Procuradora General también señala que no se ha proporcionado una justificación suficiente y clara durante los debates parlamentarios sobre la necesidad de esta medida para cumplir los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

En lugar de incluir esta modificación en el Plan Nacional de Desarrollo, la Procuradora sugiere que el legislador debería haber abordado este asunto a través de una ley ordinaria, permitiendo así un debate democrático sobre su pertinencia, ya que esta enmienda no se ajusta a la naturaleza. planificadora y temporal de los planes de desarrollo.

Además, la Procuradora advierte que la normativa impugnada socava el precedente constitucional que permite al legislador establecer tratos preferenciales en la contratación con instituciones estatales para favorecer a las aseguradoras de riesgos profesionales públicos, siempre que no menoscabe las libertades económicas ni viole el principio de igualdad excluyendo a las aseguradoras privadas del mercado.

La Procuradora General argumenta que la afiliación obligatoria de los trabajadores estatales a ARL Positiva, tal como está prevista en el Plan Nacional de Desarrollo, plantea preocupaciones constitucionales y debe ser revisada cuidadosamente.

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