Gobierno pidió tumbar el fallo que despenalizó el aborto en Colombia

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, presentó ante la Corte Constitucional un concepto que aprueba una petición de nulidad que presentó un grupo de ciudadanos para así tumbar el fallo que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación.

De acuerdo con el Gobierno, en ese caso habría cosa juzgada y se habrían presentado supuestas irregularidades en el estudio de las ponencias que fueron presentados por los magistrados Alberto Rojas Ríos y Antonio José Lizarazo.

El concepto aseguró que el resolutivo de la ponencia de Lizarazo fue distinto al que fue presentado en la sesión del 20 de enero, fecha en la cual hubo un empate en la Sala y por lo que fue escogido el conjuez Julio Andrés Ossa para desempatarlo.

En ese sentido, se conoció que la participación del conjuez Ossa habría sido inadecuada, por cuanto intervino en un debate respecto a un resolutivo diferente al que se había presentado la fecha en mención.

“El conjuez que se sorteó para desempatar la votación realizada el 20 de enero de 2022 sobre la ponencia que propuso la inexequibilidad del artículo 122 del Código Penal, ni siquiera se pronunció sobre dicha ponencia, sino sobre la alternativa de resolutivo que propuso la declaratoria de exequibilidad condicionada, la cual no se había discutido y mucho menos se había votado, razón por la cual la intervención del Conjuez Julio Andrés Ossa Santamaría en la Sala del 21 de febrero de 2022 fue a todas luces improcedente”, dice uno de los apartes del texto.

Este concepto va de la mano con un salvamento de voto que fue presentado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien advirtió que “se cambió el resolutivo que ya se había votado en la Sala Plena el 20 de enero de 2022 y que había quedado empatado y, en su lugar, se propuso un resolutivo alternativo”.

Por su parte, el Ministerio de Justicia advierte que la decisión respecto de la despenalización del aborto “se realizó respecto del texto resumen propuesto y no frente a la ponencia que había sido votada por la Sala Plena en sesión del 20 de enero de 2022, que resultó en un empate”.

A su vez, la petición del Ministerio de Justicia va de la mano con una petición de nulidad presentada por la Universidad de la Sabana, la cual afirmó que la decisión fue tomada sin las mayorías exigidas por la ley, y violando así los “principios de congruencia e independencia y la cosa juzgada constitucional”.

La universidad también advirtió que la decisión de la Corte “ni incluyó ninguna medida concreta de protección del que está por nacer en relación con su vida, o para prevenir estos tratos crueles, inhumanos y degradantes” violando así “los derechos de los seres humanos en gestación”.

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