Caducidad del contrato del Estadio estaría viciada y sería irregular.

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Serias dudas rodean la decisión de los funcionarios de Neiva de caducar el contrato de remodelación del estadio Guillermo Plazas Alcid, luego de conocerse otro acto administrativo que pretendía revocar todo el proceso sancionatorio, sumado a las duras observaciones hechas por los abogados del Consorcio y la aseguradora.

La declaración de caducidad del contrato 1758 de 2014 se dio hace pocos días bajo la resolución No. 366 del 04 de octubre del presente año. A esta, se interpusieron recursos de reposición por parte de los contratistas y la aseguradora el pasado viernes en audiencia en la Alcaldía de Neiva; reuniones que han sido presididas por el asesor de alumbrado público del municipio, German Gonzalo Barón Rojas, quien obra como jefe de contratación Ad hoc, por delegación que le hizo el también recién designado alcalde Ad hoc Eduardo Richard Vargas Barrera —actual secretario jurídico del municipio— quienes dieron fin a toda posibilidad de conciliación y cerraron el caso con un fulminante acto administrativo donde se caducó el contrato de remodelación arquitectónica del máximo escenario deportivo de los huilenses. Obra suspendida desde el mes de agosto de 2016 tras el desplome de una parte de la tribuna occidental donde perdieron la vida cuatro obreros.

Aunque el pasado viernes por parte del consorcio se interpuso el recurso de reposición—algo que según dicen no será tenido en cuenta—, lo curioso y aparentemente irregular de esta expedita decisión administrativa, tomada por los subalternos de Lara Sánchez, es que en julio del presente, tras aplazarse la audiencia que decidiría el destino del Plazas Alcid y revocado el decreto que instaló a Héctor Olimpo Espinosa (entonces viceministro del Interior) como alcalde Ad hoc de Neiva para este proceso sancionatorio, se conoció que Olimpo Espinosa proyectó y dejó lista para su firma una resolución cuyo contenido de haber entrado en vigencia, le habría dado otro rumbo a este litigio, complicando los intereses del alcalde Lara Sánchez y del Gobernador Carlos Julio González —últimos en adicionar recursos al contrato— y comprometidos de forma directa en este asunto.

La resolución proyectada por Héctor Olimpo Espinosa, revocaba todo este proceso administrativo sancionatorio al encontrar supuestas irregularidades en el mismo.



Conflicto de Intereses.
El 12 de septiembre de 2017, el alcalde Rodrigo Armando Lara en oficio dirigido a la Procuraduría regional del Huila y al Gobierno Nacional, se declaró impedido para tomar decisiones sobre el proceso de trámite administrativo de incumplimiento contractual que había iniciado esta administración municipal. Desde ahí, el Gobierno Nacional de Juan Manuel Santos, designó por decreto como alcalde Ad hoc de Neiva para este tema al entonces viceministro de Relaciones Políticas, Héctor Olimpo Espinosa, quien se tomó su tiempo para resolver las controversias jurídicas y el limbo en el que se encontraba el proceso. Olimpo tuvo que estudiar todas las pruebas y resolver diferentes recusaciones antes de fallar, lo que demoró la salida a este pleito, citando a audiencia a las partes para el día 25 de julio de 2018 en la que prometió daría respuesta y salida a este litigio. Audiencia que nunca se dio por una recusación que sacó a Héctor Olimpo Espinosa del proceso unos días antes, seguido de su renuncia. Sin embargo, el documento quedó listo y se entregó en el empalme al nuevo alcalde ad hoc.

Dicha situación obligó a suspender la audiencia de julio y a designar un nuevo alcalde ad hoc, esta vez lo hizo el gobierno de Iván Duque mediante decreto 1719 del 07 de septiembre de 2018, delegándose al asesor jurídico de Lara Sánchez, Eduardo Richard Vargas Barrera, como alcalde Ad hoc para el proceso administrativo de incumplimiento contractual adelantado. Sin declararse impedido, el abogado Vargas delegó sus funciones en Germán Gonzalo Barón quien muy eficiente, resolvió todo este pleito en 27 días fallando en contra de los intereses de los contratistas. Para algunos justo, para otros una decisión peligrosa que compromete al municipio.

Este medio de comunicación conoció que son varios los que desean que se dé la caducidad del contrato. Por un lado se ventila al interior de la Alcaldía de Neiva el interés que tendría el mandatario en querer subsanar supuestas irregularidades que cometieron como administración desde que recibieron el contrato, adjudicando rápidamente otro y de esta manera salir bien librados en otros procesos disciplinarios y fiscales que cursan; mismo interés que tendría el gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, quien en la última adición desembolsó $3.450 millones provenientes del Fondo de Compensación Regional. Esto los habría obligado a examinar otras salidas como buscar al presidente del Senado Ernesto Macías, para que supuestamente interviniera y direccionara la designación como alcalde Ad hoc hacia alguien de confianza de Lara Sánchez, quedando por decreto, Eduardo Richard Vargas —secretario Jurídico de Lara— quien en compañía de Germán Barón Rojas —asesor de despacho de Lara— tomaron tal decisión para tranquilidad de muchos.

Recurso de reposición de los contratistas.
Aunque los apoderados del Consorcio Estadio ya interpusieron este derecho con una serie de observaciones demostrando múltiples irregularidades y supuestas arbitrariedades en esta resolución, ellos exigen se revoque el acto que declara la caducidad y se reanude el contrato de obra 1758 de 2014 para que este pueda ser terminado en su objeto contractual. La defensa del Consorcio alega:

  • Violaciones protuberantes al debido proceso
  • Falta competencia e improcedencia de delegar funciones que han sido en delegación, vaciamiento de la competencia.
  • No estimación e indebida valoración de hechos relevantes que incidían en en el sentido de la decisión recurrida
  • Elementos procesales resueltos previo a la decisión de la administración.
  • Actuaciones y decisiones adoptadas por fuera de audiencia.
  • Graves violaciones al debido proceso dentro de la actuación adminsitrativa
  • Improcedencia de la declaratoria de caducidad cuando el contrato se encuentra suspendido
  • Contratación Irregular del dictamen pericial que sirvió de sustento a la decisión de declarar la caducidad del contrato.

Así quedó evidenciado en las misivas que fueron radicadas el pasado 12 de octubre en la Alcaldía de Neiva y dirigidas a Germán Gonzalo Barón Rojas.

La aseguradora también impugnó.

  • Violación al debido proceso.
  • Falta de fundamentos de derecho y de derecho para declarar la caducidad del contrato
  • Frente al contrato de seguro no están dados los presupuestos para poder inferir la afectación del contrato y por consiguiente de la garantía otorgada por Seguros Confianza SA.

Pero además solicitó se revoque el acto administrativo, pidiendo revisión en la aplicabilidad de la proporción frente a la parte cumplida del contrato.


De no prosperar el recurso de reposición y quedar en firme la caducidad, los apoderados de la firma contratista anunciaron una demanda millonaria contra el municipio por esta decisión al parecer viciada y con irregularidades, que de ganarla (muy probable), se dejarían de hacer otro tipo de inversiones sociales y con recursos de los neivanos se tendría que indemnizar al contratista —algo que pudo haberse evitado en una conciliación, levantando la suspensión de la obra y permitiendo la terminación de la misma—. Por ahora, parece indicar que será en los estrados judiciales donde se determinen responsabilidades; acciones independientes a los procesos fiscales, disciplinarios y penales que ya cursan contra unos y otros.

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Erik Puentes

Periodista agremiado al Círculo de Periodistas Del Huila.

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