Opinión | Peor el remedio que la enfermedad.

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El pasado martes 16 de mayo, la tertulia “El Botalón” contó con la presencia del Secretario de Vías e Infraestructura y ex funcionario del Sena; ingeniero Henry Liscano Parra, quien disertó sobre su actuación y programas propios de su cargo, tratando tangencialmente el tema para el cual fue convocado y es por ello que nos ocuparemos del mismo, teniendo en cuenta las denuncias formuladas en el debate de control político realizado el 25 de abril en la Asamblea Departamental del Huila.

Existe la posibilidad que el señor Gobernador del Departamento; Dr. Carlos Julio González Villa, no esté debidamente informado sobre la realidad en el proceso contractual de la construcción, la interventoría y supervisión del fallido contrato 1193 de 2.015 cuyo objeto es la rehabilitación de las vías Neiva – Tello – Baraya y Neiva – Palermo, donde los medios de prensa, hablados y escritos nos han dado cuenta de la comisión de flagrantes hechos de corrupción.

Sorprendentemente, las condiciones para la movilidad son inferiores después de la intervención de los contratistas consorciados Fundecol SAS, Seingecol SAS y el Interventor Cooperativa de Profesionales de Colombia Creer en lo Nuestro; adicionalmente, la obra fue abandonada en condiciones de precariedad técnica y con un panorama de riesgo alto por la carencia de advertencias de peligro y señalización reflectiva.

El término contractual establecido como plazo máximo de ejecución contado a partir del 8 de septiembre de 2.016 ya venció; pero mediante una insólita maniobra, la Interventoría y la Supervisión del contrato nos sorprendieron con la súbita aparición de un Acta de Suspensión por un término de 45 días, que conducirá sin lugar a dudas a una ampliación injustificada del plazo para intentar la ejecución del 88% faltante.

El panorama es tenebroso, pues la falta de ejecución y la parálisis de la obra reflejan la ineficacia de los intervinientes y la inexistencia del recurso económico retirado en su totalidad del encargo fiduciario sin cuentas claras; además de la irregular ejecución de las actividades de construcción sin respetar las especificaciones del contrato y el control de la calidad como también lo califica el informe de auditoría del Departamento Nacional de Planeación.

En su condición de contratante, tiene oportunidad la Administración Departamental para rectificar su desempeño y mejorar sus indicadores de transparencia despojándose de la peor calificación que le determinó la Cámara Colombiana de la Infraestructura a nivel nacional, evaluando su gestión en los procesos contractuales del año 2.016.

Los entes de control deben obrar en oportunidad y justicia; entre tanto, las comunidades afectadas no resisten más la afectación económica, la inseguridad en la movilidad y lo más grave; la evidente falta de control por parte de la Administración Departamental en su condición de ejecutor y guardián del recurso público.

No obstante lo anterior, las infundadas expresiones del mencionado Señor Secretario defendiendo al interventor y contratista, constituyen una inexplicable autoincriminación que podrían permitir la condena al Estado como consecuencia de una reclamación debido a sus confesas graves fallas de planeación.

Por: Bernardo Alfonso Casas O.

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