Opinión | El lucrativo negocio de la educación superior.
En días pasados cuando la ministra de educación Gina Parody, equiparó la educación técnica y tecnológica con la formación universitaria, llamó la atención ver como el sector educativo tiene un alto crecimiento en el país, aportando un rubro muy importante al índice de desarrollo económico de Colombia; con este auge podemos encontrar instituciones de educación superior con sedes en la mayoría de ciudades del país, —no siendo así, en esa misma proporción, la calidad de los programas que ofrecen—.
Que se esté llenando el país de universidades, es relativamente bueno, pero sería mejor que el 95% de estas fueran instituciones públicas, bien es sabido que las instituciones privadas tienen unos costos exageradamente altos en sus matrículas; a diferencia de las públicas cuyo sostenimiento es subvencionado por el Estado.
Ver el aumento desproporcionado de las instituciones universitarias privadas en el país, no es que me emocione mucho, y menos aun cuando se sabe que están propendiendo más por el lucrativo negocio de la educación, que por una verdadera labor social y formativa; en caso de ser así, tendría que ser refrendado con unos costos de matrícula más económicos que los que se cobran actualmente y con una programación curricular que sea garantía de una buena profesión. El afán de crear instituciones universitarias o sedes de una universidad capitalina en ciudades intermedias, busca más el lucro personal, que realmente llevar a las regiones, programas que tengan que ver con su verdadera vocación; esto debería ser lo lógico, sin decir que no se puedan crear algunas facultades de apoyo o conexas a la vocación principal de la región. Si bien estas universidades deben pasar por el filtro del Ministerio de Educación, también lo es, que el aprobar universidades y programas, obedece al pago de favores políticos, amiguismos, o para que un cliente de la maltrecha política nacional pueda irse en uso de buen retiro a fundar su propia “finca”. Es más, es un premio cuando a este se le da de baja en su función pública. “Cualquier parecido a aquello que sucede con las apetecidas notarías es pura coincidencia”.
En los innumerables y desconocidos programas universitarios podemos encontrar carreras tan extrañas como costosas, donde ni el que enseña y mucho menos el que la estudia, sabe para qué sirve. Pero el propietario de la institución educativa si sabe que su universo estudiantil le dará para vivir a placeres y gozar de lujos dignos de un magnate, mientras tanto, el estudiante o sus padres no saben de dónde sacar para pagar el semestre (que no dura sino tres meses).
Los aspirantes a un título profesional en Colombia, en su mayoría son personas que no pueden acceder a la universidad pública; por la deficiente cobertura de estas instituciones.
La aprobación de una universidad y sus programas debe estar ligada al número de habitantes de la ciudad donde va a desarrollar su actividad, como a la vocación de la región, sin dejar de lado el perfil que tendrá el futuro profesional.
El resultado del esfuerzo de la inversión en educación, se ve cuando el estudiante ya con su título profesional sale a buscar como compensar a sus padres por el estudio que le han dado, o cuando quiere salir en busca de su propio sustento con base en un título obtenido; en esta condición se encuentra, primero; con que el mercado laboral colombiano está contaminado por todas las variables que trae un Estado lleno de desigualdades, y segundo; que en la ciudad o región a la que pertenece la universidad y carrera que estudió, no ofrece ninguna oportunidad, lo que lo obliga a emigrar o “desplazarse” por las incongruencias de un muy bien llamado “Estado social de derecho” (solo eso, llamado) pero un muy mal aplicado “ciudadanos con derechos”.
En este caso concreto, podemos tomar como ejemplo la ciudad de Neiva; con 350.000 habitantes, más aun, tomemos el departamento del Huila con sus 1.150.000 habitantes, ¿será que si tiene cabida la gran cantidad de universidades que hay, y de sobre mesa, su gran mayoría privadas? allí podemos citar la Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Antonio Nariño, Universidad Corhuila, la Corporación Unificada Nacional (CUN) , la Universidad Uniminuto, la Universidad Navarra, la Fundación Universitaria María Cano, sede de la Universidad Santo Tomas, Universidad Católica, próximamente la Fundación Universitaria Claretiana. Como universidad pública se cuenta con la universidad Surcolombiana, la ESAP (para quienes están o aspiran a estar en la administración pública) la UNAD de muy buena intención pero que pocos utilizan. Sin contar la cantidad de centros de formación técnica y tecnológica, que en su gran mayoría son de garaje; paradójicamente estos si se han fijado en la vocación de la región, y en su mayoría forman técnicos en el campo petrolero. Como el dicho popular, a las claras se ve que “no es amor al cerdo sino a los chicharrones”.
Lo importante es que el Estado mismo, tome control sobre esta situación, que el Ministerio de Educación no apruebe instituciones por aprobar, o por conveniencia, lo importante es que el Estado diseñe un programa educativo acorde a las regiones y lo entregue a las universidades que van a desarrollar su actividad en esta; programas que deben ser ofrecidos a unos costos con base en la economía o ingreso per cápita del país, Lo importante es que la educación deje de verse solo como un negocio, sino como la oportunidad de formar a un futuro profesional con conocimientos, valores y principios; como una persona integral en el desarrollo de una actividad.
¡Hasta la próxima!
Por: Ricardo Alonso Puentes
@Ricapul
