Opinión | Los enredos del reyezuelo de Infihuila (1ª parte)

Por: Jhon Erik Puentes Estévez

El Instituto Financiero del Huila con Luis Alfredo Ortega a la cabeza, termina uno de sus cuatrienios más cuestionados y mediocres de su historia. Como un descendiente de la monarquía opita, Ortega creyó todo este tiempo estar en su reino y que gobernaba (muy mal) junto a sus vasallos, dedicándose a gerenciar su bolsillo y el de otros pocos.

Así se percibió estos años al saliente gerente de INFIHUILA, Luis Alfredo Ortega Moreno, por parte de visitantes, contratistas y funcionarios de planta, quienes vieron cómo durante sus 48 meses de administración, no escuchó, no consensuó y equivocadamente se dedicó a imponer y a perseguir a aquellos trabajadores que no le juraron lealtad, ni se hicieron cómplices de sus chambonadas y fechorías. Él (o ella), muy mal asesorado por una señora Damaris Figueroa (al parecer su socia y aliada), que entró siendo auxiliar o profesional de apoyo para el área de control interno, mágicamente pasó a ser la asesora financiera, sin tener en su momento el respectivo título académico, pues su especialización en dicha área la hizo posteriormente. Lo curioso es que prácticamente en un año, Damaris duplicó su sueldo, y Ortega le asignó un auxiliar, es decir, el auxiliar de la auxiliar, para terminar volviéndola representante legal o administradora de la propiedad horizontal del edificio que hoy se denomina Infihuila; recientemente nombrada ella en provisionalidad en la planta de Infihuila. Todo esto, direccionado por Luis Alfredo. De estos entrelazamientos y conveniencias personales se produjeron errores administrativos irreversibles que sin lugar a dudas dejarán al denominado reyezuelo en la lupa de la Fiscalía y los entes de control.

Uno de los mayores errores de Ortega y Damaris, fue haber confeccionado y adelantado irregularmente un contrato de leasing que, según actas, fue autorizado por el Consejo Directivo por valor de $1.500 millones, pagados en cuotas, que curiosamente ascienden a los $1.700 millones, para un tiempo de duración de 36 meses, sin que avance significativamente, cuando ya van 30 meses del plazo. ¿Habrá hecho Ortega adiciones presupuestales sin consentimiento de la Junta directiva?

El fin de contratar el leasing, era darle más seguridad al proceso contable y financiero, pero al contador ni siquiera se le preguntó por las necesidades. Lo más delicado es que lo que se solicitó en los estudios previos, no fue lo que entregó el contratista, y adicional a eso, no se entregaron las licencias de Oracle, ni del sistema operativo. Lo curioso es que para poder endeudar al departamento a través del Infihuila, no se contó con la aprobación de la Asamblea, ya que este es un pasivo de Infihuila como parte integral del presupuesto del departamento.

Al completarse 30 meses del tiempo de ejecución. Seguramente Infihuila quedará con equipos de cómputo y software por apenas 6 meses del año 2020, y como el Instituto no tiene opción de compra, tendría que volver a pagar una millonaria suma por este.

Ahora, el proveedor del software financiero llamado IAS, que opera en Cali, no tiene vínculo contractual directo con Infihuila, siendo este software, el principal elemento de evaluación por parte de la SUPERINTENDENCIA, ya que es quien garantiza la idoneidad de la información para los clientes, pero al no tener vínculo contractual directo, las demoras y dificultades son enormes.

Por otra parte, no se ha entregado el módulo para el manejo de convenios o administración de fondos especiales, como lo define la Superfinanciera en la circular externa 034 de 2013, y como en el contrato no se definieron claramente los módulos que debía tener el software, existen problemas para la entrega del mismo.

El software financiero contractualmente hablando, se encuentra mimetizado bajo el costo de un servidor, tasado en 800 millones, pero no se establece el valor del software.

El contrato de leasing fue inicialmente negociado como un leasing operativo, pero según consulta hecha a la Contaduría General de la Nación, recomendada por el revisor fiscal, resultó siendo un leasing financiero.

En los entregables hechos por la firma HP- Juan Pablo Puyo, está la adecuación del cuarto de máquinas y las mejoras del auditorio, que corresponden a obras civiles —al parecer defectuosas—, entendiéndose con esto, que Ortega habría cambiado la modalidad de contratación, sin que se especifique con claridad la inversión total en estos escenarios.

Pero no ha sido solamente el millonario leasing, Ortega suscribió un contrato de compraventa de la marca Kokorico por 25 millones de pesos.

Es al menos curioso; ya que una empresa compra una marca posicionada comercialmente, para que le ayude a la misma al desarrollo de sus actividades y llegar a más mercados, pero Infihuila no necesita de esta, pues su mercado y su objeto se desarrollan con los entes territoriales y sus entidades descentralizadas.

Ahora, cómo se llega a un valor de esos si la marca kokorico, en ese punto, calle 10 con carrera 5 esquina, desapareció hace mas de 20 años, por lo tanto, este punto comercial no tiene un Good Will que pueda tasarse por ventas de dicho punto; por lo tanto, la contabilidad no debe registrar ventas de dicho sitio que ayude a hacer el cálculo del valor real de la marca. Sumado a que el edificio no tiene imágenes o publicidad de Kokorico que lo identifique como tal, en ninguna parte. Sin dejar de mencionar, que el contrato lo firma Ortega en representación de Infihuila con la administradora y representante legal del edificio Damaris Figueroa; es decir, con su asesora financiera (hoy en provisionalidad) ¿Habrá sido uno de esos contratos de yo con yo?

Infihuila no tiene dinero para ampliar su mercado, pues sus recursos son limitados y como no puede captar, por no haber cumplido con la vigilancia exigida por la SUPERFINANCIERA, tiene este cuello de botella que debe resolver, antes de hacer gastos que hoy podrían considerarse innecesarios y de lujo. ¿A quién quiso favorecer Ortega con ese “negociazo” de comprar una marca, en 25 millones de pesos, donde sólo se observa la misma, en el tapete de la entrada del edificio?

De estas y otras irregularidades ya tiene conocimiento la contralora de bolsillo de Carlos Julio, Adriana Escobar, quien ya está de salida. Seguramente esto tenga que esclarecerlo fiscalmente, el próximo contralor departamental Amaury Luis Flórez.

Nota: Los enredos de Ortega son tan graves, que últimamente se le ve ojeroso y con bastante aromática. En la segunda parte les contaré cómo se gastan la platica de las fotocopias, y cómo estarían cambiando platos de comida por favores y efectivo, y por si fuera poco, el enredo con la famosa reestructuración admisnitrativa que podría dejar a Ortega sancionado disciplinariamente y con líos judiciales.