Alcalde de Neiva sancionado por el Ministerio del Trabajo

En el año 2017, la administración Lara, en cabeza de su secretaria General Liliana Trujillo, decidió reubicar arbitrariamente a cuatro trabajadores de planta del Municipio que gozaban de fuero sindical, tras una persecución laboral que este Gobierno municipal emprendió con algunos servidores públicos.

La Asociación Sindical de Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales y Descentralizados del Municipio de Neiva, ‘Fuerza Comunera’, radicó en el año 2017, querella ante el Ministerio del Trabajo Territorial Huila, por presunta vulneración a la normatividad laboral colectiva de los servidores públicos; José Enrique González Toro, Miguel Ignacio Aya García, José Paul Azuero Bernal y Diomedes Fiesco.

Felix María Medina Valderrama, presidente de la Asociación Sindical, denunció un sinnúmero de conductas presuntamente realizadas por la administración municipal en contra del sindicato, entre ellas, el irrespeto del fuero sindical, ejemplo de ello, el traslado de estos servidores públicos.

Formulación de cargos

Mediante Auto No. 0340 del 22 de mayo de 2019, la Coordinadora del Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia, Control y Resolución de Conflictos – Conciliación del Ministerio del Trabajo, decidió iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio y formular cargos en contra del Municipio de Neiva, representado legalmente por Rodrigo Armando Lara Sánchez, por presunta violación a las disposiciones contenidas en los artículos 353, 354 y 405 del Código Sustantivo del Trabajo.

Los artículos establecen: Derechos de Asociación, Protección del Derecho de Asociación y Definición, donde el último fija lo siguiente: “Se denomina fuero sindical la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el juez del trabajo”.

Aunque la administración municipal presentó descargos, aludiendo que “la reubicación como medida administrativa adoptada por razones del buen servicio, no constituyó traslado, ni desmejoramiento alguno en las condiciones de trabajo ni afectó tampoco la libertad de asociación sindical o el ejercicio de los derechos derivados de la afiliación a un sindicato, que pueda ser considerada como un agravio injustificado en su contra”, la cartera ministerial concluyó que el alcalde Lara Sánchez, vulneró el fuero sindical al trasladar de puesto de trabajo sin solicitar previamente autorización judicial, toda vez que, la obligación del empleador es solicitar previamente ante el juez laboral la autorización de despedir o trasladar a tales trabajadores, como lo señala la Corte Constitucional mediante sentencia T- 360/07.

Reubicación

José Enrique González Toro, Miguel Ignacio Aya García, José Paul Azuero Bernal y Diomedes Fiesco, habrían denunciado acoso laboral y persecusión sindical, toda vez que, fueron reubicados de la siguiente manera:

José Enrique González Toro – Secretaría de Movilidad, se reubicó a ejercer funciones a la Secretaría de Hacienda; una orden verbal que habría dado Jimmy Puentes Méndez, secretario de Movilidad de Neiva.

Miguel Ignacio Aya García – La reubicación se verificó dentro de la misma Secretaría de Educación.

José Paul Azuero Bernal – Fue reubicado en la Oficina de Inspección y Vigilancia, y en la Secretaría de Educación.

Diomedes Fiesco – Fue un movimiento interno de la misma dependencia.

Sanción

Así las cosas, el Ministerio del Trabajo sancionó al Municipio de Neiva, representado por Rodrigo Lara Sánchez, por la violación a las disposiciones contenidas en el numeral 3 del artículo 99 de la ley 50 de 1990, e impuso una multa equivalente a 25 salarios mínimos legales vigentes, cerca de 20.702.900 pesos, que tendrán destinación específica a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena, y que deberá ser cancelada una vez se encuentre ejecutoriado el dicho acto administrativo.

En caso de no realizar el pago de la multa establecida, en el término de quince días hábiles a la ejecutoria de la presente resolución, se generarán intereses moratorios a la tasa legalmente establecida.

La presente resolución procede el recurso de reposición y el de apelación.

Aunque el fallo es de primera instancia, de quedar en firme, al alcalde podría recaerle una investigación disciplinaria y otra de carácter fiscal, donde el Municipio se vería en la obligación de interponer una acción de repetición para que esos recursos sean asumidos por los responsables, es decir, que estos recursos salgan del bolsillo de Lara Sánchez y Liliana Trujillo, y no del erario público.

Jenifer Osorio

Periodista y Diseñadora Gráfica

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