Avanza proceso de pérdida de investidura de “Pipe” Lozada

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Este martes será un día crucial para definir la continuidad de Jaime Felipe Lozada en el Congreso de la República. El Consejo de Estado fijará en plenaria una prueba que confirmaría las ausencias injustificadas del Representante a la Cámara.

En las próximas horas se definirá el futuro del congresista huilense, debido a una demanda en su contra que tramita actualmente el Consejo de Estado, y por la cual está siendo investigado por ausentismo, a esto se suma una prueba crucial que definiría la pérdida de su investidura.

Las incapacidades médicas presentadas por el congresista opita, parecen de dudosa reputación, luego que el alto tribunal solicitara una prueba más en el trámite del proceso, como el cotejo de manuscritos, firmas de excusas entre otros, documentos que fueron enviados al Consultorio Médico del Congreso de la República para comprobar las ausencias en sesiones de plenarias.

“En este caso, la Sala Plena debe resolver un recurso de súplica contra un auto por medio del cual se negó la apelación que presentó la demandante contra la decisión de no ordenar que se cotejaran estos documentos”, explicó el magistrado Carmelo Perdomo Cuéter, encargado de resolver la controversia judicial.

La prueba fue requerida en el trámite de la demanda de pérdida de investidura instaurada el 29 de abril de 2019 por la periodista Catherine Juvinao Clavijo, líder de un colectivo que investigó las recurrentes inasistencias de numerosos congresistas del país. El estudio comprometió a por lo menos 30 congresistas.

Por su parte, el equipo jurídico del demandado, manifestó y calificó de improcedente y extemporánea esta denuncia en contra de su defendido, por otro lado, la periodista Catherine Juvinao elevó el recurso de súplica como otra prueba esencial para demostrar que las certificaciones y las firmas de los galenos no corresponden a la realidad. Su procedencia será examinada en esta audiencia de la sala plena prevista para las 8:30 de la mañana.

 

 

 

Las pruebas

 

Dentro de las pruebas que solicitó la demandante, están el cotejo de las certificaciones con las voces de asistencia o intervenciones que aparezcan en grabaciones de las sesiones para demostrar su veracidad o falsedad en documentos aportados para justificar las ausencias o el retiro de las sesiones sin haberse terminado la misma.

Mientras tanto, la demandante calificó de inverosímil y falta de seriedad los certificados expedidos por el cuerpo Médico del Congreso de la República, también dijo que los documentos allegados incumplen los presupuestos establecidos en la Res. Núm.0665 de 23 de marzo de 2011, que reglamenta el procedimiento para la declaración de inasistencia injustificada de los Representantes a la Cámara a las sesiones de la corporación y su correspondiente descuento en la nómina, expedida por la Mesa Directiva para validar excusas de inasistencia.

Lo que llamó la atención y levantó sospecha, fue la diligencia probatoria que incluyó la revisión de las historias clínicas, los procedimientos realizados, los soportes de las incapacidades médicas y el cotejo de las voces durante las sesiones de la corporación.

El ausentismo

La investigación reveló que cerca de 30 congresistas registraron su asistencia al inicio de las sesiones (contestaron a lista) pero posteriormente se ausentaron y no votaron las iniciativas legislativas presentadas durante las deliberaciones. Las ausencias fueron corroboradas al cruzar información con la lista de asistencia, los registros de votación nominal de las iniciativas, su participación en los debates y los registros de las Gacetas del Congreso de los últimos cinco años.

Los congresistas, según los demandantes, no presentaron ante la corporación legislativa ningún tipo de excusa previa, concomitante o posterior para ausentarse de la plenaria. Tampoco acreditaron ninguna justificación –calamidad doméstica, incapacidad médica, caso fortuito o fuerza mayor para abandonar la plenaria y en otros casos no manifestaron ningún impedimento, conflicto de interés, objeción de conciencia o fue objeto de recusación, ni se encontraba cumpliendo comisión oficial alguna.

 

 

 

 

 

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Rubén Malpica

Comunicador Social y Periodista

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